Mineros votarán NO en el referendum por nueva constitución

Agosto 21, 2008

A esa conclusión puede llegarse luego de las expresiones de Marco Reyes Machuca presidente de la Cámara de Minería de El Oro:

“Y es que en la nueva Constitución se contempla lo siguiente: 50% de utilidades irán para el Estado; las patentes costarán entre 10 y 20 dólares por hectárea; el costo de producción estará en el 50%; así cómo vamos a poder continuar con nuestras actividades”, manifestó Reyes.

Además expresó que a todo eso habrá que añadirle el 12% del IVA, el 15% para los trabajadores, el 25% para pagar el Impuesto a la Renta, del 3 al 8% en regalías y que el exceso de producción será 70% para el Estado y 30% para el minero.

“Con este escenario político, creemos que nuestra actividad no e favorecerá sino que saldrá perjudicada; por eso convoco a que piensen muy bien al momento de decidir si apoyan o no a la nueva Constitución”, recalcó el dirigente.

La suerte está echada, la Asamblea Constituyente cerró las concesiones mineras y no hay visos de aprobarse la nueva Ley de Minería, las inversiones en este rubro así como en otros están paradas o no llegarán en el mediano plazo y quizá ni en el largo plazo. Los empleos se esfuman y la falta de incentivos está perjudicando el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El país afronta una etapa funesta de incertidumbre. Mi voto en el referendum será por el NO.


Necesario reinicio de la minería

Agosto 14, 2008

El Comercio trae la noticia de que el ministro de Comercio Exterior de Canadá, Michael Portier, llega al país para afianzar lazos comerciales y conversar sobre el tema de minería y aeropuertos.

Ecuador debe aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo sobre el tema de minería y reiniciar operaciones. Aunque se tramita una nueva ley de minería, el gobierno debe dar paso ya al reinicio de operaciones mediante resolución ministerial o mediante decreto o algún otro mecanismo legal. La minería, cerrada inconsultamente por un minúsculo grupo con poder de manipulación política, es un sector clave para la economía ecuatoriana, de momento estancada.

Reiniciar la minería significará un importante ingreso de inversión extranjera comparable con la construcción del OCP y con el resultado de miles de empleos nuevos creados. Si el gobierno hace bien las cosas podría incentivar la producción, revertir la inflación, generar empleo y atraer capitales necesarios para reactivar otras industrias.


Nueva constitución atenta contra inversión y autonomía

Agosto 1, 2008

Es hora de ir analizando la nueva constitución nacida en Montecristi, sobretodo en cuanto a lo que realmente preocupa a la ciudadanía que es el empleo, el bienestar, los ingresos, el futuro de las siguientes generaciones.

Lamentablemente hemos visto que el texto de la constitución centraliza innecesariamente algunos factores de producción que deben estar bajo eficiente administración privada o bajo la administración de los gobiernos municipales. Tomemos como ejemplo el artículo 261 de la Constitución:

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
1. La defensa nacional, protección interna y orden público.
2. Las relaciones internacionales.
3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.
4. La planificación nacional.
5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria;
comercio exterior y endeudamiento.
6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.
7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.
8. El manejo de desastres naturales.
9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.
10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y
telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.
11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y
recursos forestales.
12. El control y administración de las empresas públicas nacionales.

Casi todo el artículo cae en el error de suponer que el Estado es un administrador eficiente cuando no lo es, ¿es Petroecuador eficiente? ¿Lo son la veintena de empresas eléctricas estatales y mixtas? ¿Son eficientes el IESS, los ferrocarriles, el sistema educativo o los hospitales? la respuesta solo puede ser negativa. El Estado no administra bien estos valiosos servicios. ¿Por qué ahora se quiere centralizar más la administración de la economía en un pésimo administrador? no hay coherencia.

Sería muy saludable que la administración de tránsito, educación, salud, registro civil, áreas protegidas pasen a manos de empresas particulares y municipales. Y que el Estado se limite a labores de defensa, seguridad, justicia, mitigación de desastres y política exterior, teniendo leyes claras en petróleo, minería, agua y recursos energéticos.

Resulta inexplicable el por qué el Estado se arroga la competencia exclusiva de recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Nada de esto puede administrar bien el Estado, tenemos 30 años de manejo estatal de Petróleo y agua, y más de 50 en ferrocarriles, energía, teléfonos, educación y salud, y siempre hemos renegado de la corrupción, abusos, desperdicio y pérdidas que luego se socializan. ¿Por qué insistir en estas políticas fracasadas?

Luego de lo explicado y dicho ¿Cómo será tu voto en el referendum?


Cámara de Minería no conoce nueva Ley del sector

Julio 3, 2008

Así lo ha afirmado en los medios el presidente de la Cámara, César Espinoza:

El proyecto de ley de minería ya fue presentado al presidente Rafael Correa por parte del ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga. Ante esto, el presidente de la cámara de Minería, César Espinoza, reclamó que él no conoce este proyecto pues se lo maneja como “un secreto de estado” y que “no ha habido ninguna oportunidad de mirar el proyecto” afirmó.

Aunque aclaró que si hubo acercamientos y reuniones entre el Régimen y el sector minero y ambientalista para tratar este proyecto de ley en donde se recogieron las ideas de estos grupos, “pero hasta ahí; la redacción no conozco el artículo 1” recalcó César Espinoza.

Nadie al parecer conoce la decisión de los reguladores sobre este tema tan importante. Es necesario que el gobierno rectifique tanto en la forma como en el fondo el trato que dispensa a las empresas nacionales como extranjeras. El diálogo debe ser abierto y franco, debe favorecer a todos con políticas sensatas similares a las de economías con fuerte participación minera como Canadá o Chile.

Debe pensarse más en incentivos fiscales que en regalías, y éstas deben captarse localmente para beneficio comunitario y de reservas ecológicas cercanas en lugar de ir a una empresa estatal minera o al presupuesto. La política fracasada de 40 años de explotación petrolera deberíaa enseñarnos esa lección.


De como la reversión minera causa desempleo

Junio 19, 2008

Hace un par de semanas el Ministro de Energía declaró que el total de reversiones de concesiones mineras llegó a 1138 y seguirán creciendo definitivamente una mala noticia, pues tal acción inconsulta ha generado una ola de desempleo.

Se estima que más de 8000 personas vinculadas directamente a la minería quedaron sin empleo, eso significa al menos 32 mil personas que quedaron sin sustento. El problema se agrava debido a que cada concesión minera en cualquier fase requiere de maquinarias, tractores y vehículos que se alquilan, estos negocios han quedado sin demanda y han tenido que suspender a maquinistas y tractoristas hasta nuevo aviso. Además la inversión minera requiere de servicios de construcción de campamentos, utilería, alimentación, trajes de trabajo, combustibles, explosivos, etc. Todas las empresas de estos ramos también han tenido una baja en sus nóminas por el cierre de las minas, y muchos otros servicios indirectos vinculados a la administración: software, contabilidad, asesorías también han reducido operaciones. El desempleo generado es enorme y las pérdidas cuantiosas

De este modo el propio gobierno ha puesto en peligro su proyecto político a través de un severo desempleo causado en este sector. Se requiere con urgencia una nueva ley minera que subsane las pérdidas ocasionadas a las empresas, que proteja las inversiones y que permita a la minería convertirse en el mayor motor de desarrollo del país. Sin minería perdemos todos.