Mineros votarán NO en el referendum por nueva constitución

A esa conclusión puede llegarse luego de las expresiones de Marco Reyes Machuca presidente de la Cámara de Minería de El Oro:

“Y es que en la nueva Constitución se contempla lo siguiente: 50% de utilidades irán para el Estado; las patentes costarán entre 10 y 20 dólares por hectárea; el costo de producción estará en el 50%; así cómo vamos a poder continuar con nuestras actividades”, manifestó Reyes.

Además expresó que a todo eso habrá que añadirle el 12% del IVA, el 15% para los trabajadores, el 25% para pagar el Impuesto a la Renta, del 3 al 8% en regalías y que el exceso de producción será 70% para el Estado y 30% para el minero.

“Con este escenario político, creemos que nuestra actividad no e favorecerá sino que saldrá perjudicada; por eso convoco a que piensen muy bien al momento de decidir si apoyan o no a la nueva Constitución”, recalcó el dirigente.

La suerte está echada, la Asamblea Constituyente cerró las concesiones mineras y no hay visos de aprobarse la nueva Ley de Minería, las inversiones en este rubro así como en otros están paradas o no llegarán en el mediano plazo y quizá ni en el largo plazo. Los empleos se esfuman y la falta de incentivos está perjudicando el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El país afronta una etapa funesta de incertidumbre. Mi voto en el referendum será por el NO.

Protege tu bolsillo compra en Agosto

La inflación aumenta y con esta los precios cada semana, Julio del 2008 ha resultado ser el mes con más inflación desde que rige la dolarización. En el caso de las empresas constructoras la inflación ha impulsado los costos y reducido las ganancias y la celeridad de los trabajos.

¿Cómo se pudo evitar esto?

Una de las formas de enfrentar las amenazas externas que alimentan la inflación es la generación de estímulos económicos mediante la reducción de impuestos sobre la renta, la eliminación de trabas comerciales, la reducción de regulaciones, el control del gasto y el ingreso de capitales frescos a la economía. Lamentablemente esto no ha sucedido en los últimos 4 años, vivimos revirtiendo concesiones mineras, amenazando a empresa petroleras, esquilmándo a las empresas celulares, cerrando constitucionalmente la posibilidad de arbitraje internacional. Tampoco se abrieron los mercados de capitales y de bienes, no se firmaron acuerdos comerciales ni se redujeron impuestos.

Ahora la inflación campea, aumenta la pobreza de la mano del desempleo. Sólo nos queda hacer compras anticipadas en agosto para enfrentar los próximos meses que amenazan ser de fuertes alzas de precios.

Nueva constitución atenta contra inversión y autonomía

Es hora de ir analizando la nueva constitución nacida en Montecristi, sobretodo en cuanto a lo que realmente preocupa a la ciudadanía que es el empleo, el bienestar, los ingresos, el futuro de las siguientes generaciones.

Lamentablemente hemos visto que el texto de la constitución centraliza innecesariamente algunos factores de producción que deben estar bajo eficiente administración privada o bajo la administración de los gobiernos municipales. Tomemos como ejemplo el artículo 261 de la Constitución:

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
1. La defensa nacional, protección interna y orden público.
2. Las relaciones internacionales.
3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.
4. La planificación nacional.
5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria;
comercio exterior y endeudamiento.
6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.
7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.
8. El manejo de desastres naturales.
9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.
10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y
telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.
11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y
recursos forestales.
12. El control y administración de las empresas públicas nacionales.

Casi todo el artículo cae en el error de suponer que el Estado es un administrador eficiente cuando no lo es, ¿es Petroecuador eficiente? ¿Lo son la veintena de empresas eléctricas estatales y mixtas? ¿Son eficientes el IESS, los ferrocarriles, el sistema educativo o los hospitales? la respuesta solo puede ser negativa. El Estado no administra bien estos valiosos servicios. ¿Por qué ahora se quiere centralizar más la administración de la economía en un pésimo administrador? no hay coherencia.

Sería muy saludable que la administración de tránsito, educación, salud, registro civil, áreas protegidas pasen a manos de empresas particulares y municipales. Y que el Estado se limite a labores de defensa, seguridad, justicia, mitigación de desastres y política exterior, teniendo leyes claras en petróleo, minería, agua y recursos energéticos.

Resulta inexplicable el por qué el Estado se arroga la competencia exclusiva de recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Nada de esto puede administrar bien el Estado, tenemos 30 años de manejo estatal de Petróleo y agua, y más de 50 en ferrocarriles, energía, teléfonos, educación y salud, y siempre hemos renegado de la corrupción, abusos, desperdicio y pérdidas que luego se socializan. ¿Por qué insistir en estas políticas fracasadas?

Luego de lo explicado y dicho ¿Cómo será tu voto en el referendum?

Inexplicable, nueva constitución reserva al Estado la gestión de recursos naturales

El mundo moderno necesita de dinamismo en la economía en donde ofertantes y demandantes de bienes y servicios puedan encontrarse y realizar comercio en mejores condiciones para ambos. El mundo moderno necesita de actores que busquen el desarrollo de esos bienes y servicios en forma eficiente, cuidadosa del ambiente y de la responsabilidad social. Esos actores son sin dudarlo las empresas privadas que como institución son las más eficaces a la hora de ofrecer productos a los consumidores. Obviamente la empresa privada necesita regularse para evitar perjuicios a los derechos de terceros, tal regulación son las constituciones y leyes de un país enfocadas a proteger los derechos básicos de los habitantes.

¿Pero qué sucede si estas leyes y normas son de mala calidad? sucede lo que ahora acontece en el país: falta de inversión, desempleo, altos precios y mendicidad sobre -literalmente- un cerro de oro, plata, molibdeno, cobre y petróleo.

Ecuador ya tiene una Nueva Constitución que todos habíamos esperado sea el instrumento de renovación institucional y herramienta del desarrollo. Lamentablemente no ha sido así, la nueva constitución mantiene el error de hacer que el Estado administre, regule y gestione los mal llamados “sectores estratégicos” apartandodesterrando así la eficiencia de los particulares para proveer empleos, bienes, servicios y bienestar general. Así lo señala el artículo 311 de la Constitución de Montecristi que afirma que: El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro electromagnético, el agua, y los demás que determine la ley.

Mala suerte, Ecuador tendrá que relegarse a los últimos lugares de desarrollo de Latinoamérica hasta cuando cambie esta mentalidad autoritaria, militarista y de atraso que los asambleístas, y en general los políticos ecuatorianos adolecen.